Hace ya 43 días, la madre de un niño de la escuela donde trabajo, me agredió físicamente en el interior de la escuela en el ejercicio de mi labor docente, y me amenazó y calumnió, reivindicando públicamente esta acción.
A esta humillación inmerecida para mis 27 años al servicio de la educación con un currículum intachable, se le sumó el accionar dócil del Ministerio de Educación ante la prepotencia de esta mamá, cuyos planteos buscaron prioritariamente siempre satisfacer.
Me dirijo a los lectores para que reflexionemos en el drama que nos toca vivir a las maestras, pero también a la sociedad, ya que cuando cualquier ciudadano cree que le asiste el derecho de agredir físicamente a otro, en este caso un docente, y el Estado lo justifica relacionando ese derecho con los supuestos amenazados inalienables derechos del niño a la educación, nos está diciendo que entre otros de los deberes de los docentes se encuentra el de someternos a las golpizas que cualquier ciudadano nos desee propinar en defensa de los derechos reales o imaginarios de su hijo.
Cabe aclarar que estamos hablando de individuos que no son la regla general de los padres, ya que el vínculo docente-padres es el motor fundamental de la tarea educativa y que padres y docentes conformamos una unidad de trabajo y objetivos y jamás podemos estar enfrentados.
Basta tipiar en el buscador Google la frase “docente agredido” y veremos la lastimosa realidad que da cuenta de que se ha convertido en un modo de discusión válido en el ámbito educativo la violencia física en contra de nosotras como trabajadoras.
Quienes como yo, en el desempeño de sus deberes profesionales en algún momento de muestras carreras hemos debido padecer violencia física, víctimas de la sistemática desvalorización de nuestros guardapolvos blancos, y la perniciosa y falaz campaña en contra de nuestra profesión, no podemos dejar de sentir que el mismo Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe nos condena al abandono y se erige en defensor y cómplice de nuestros agresores y nos impone una indigna y humillante sumisión a nuestros victimarios, por una única causa: "somos docentes" y por lo tanto no tenemos ningún derecho.
Aquel Ministerio que salió por los medios a decir que el hijo de la agresora sería cambiado de escuela, no le informó a la población que la única persona que hoy no puede ingresar a la escuela soy yo, si no quiero exponerme a que esta mamá cumpla las promesas que hizo por televisión.
El niño no sólo que no fue cambiado de escuela, la voluntad de esta madre a agredirme ha sido respetada de tal manera que el niño ni siquiera ha sido cambiado de turno.
¿A qué me expongo laboralmente si continúo negándome a entrar al aula para evitar contactos con la agresora?
¿Por qué debería yo que soy la víctima ser castigada por serlo?
¿Qué protección ha pensado para mí el Ministerio de Educación?
¿Qué respuesta ante mi fundado temor se ha implementado?
En base al principio que siempre he defendido y que me decidió a dedicar mi vida a esta tarea, aún a sabiendas de la miserable remuneración que iría a recibir por mis esfuerzos, no estoy dispuesta a aceptar que se institucionalice tal degradación de nuestra profesión ya que no se puede hablar de calidad educativa ni de un futuro mejor, mientras que a las docentes no se nos respeten nuestros derechos constitucionales y laborales, convirtiéndonos en rehenes de la prepotencia de algunos ciudadanos que hoy reciben el mensaje de que si le pegan a los docentes, el Ministerio de Educación está dispuesto a comprenderlos, propicia la expulsión de las aulas al docente o los pone de rodillas ante ellos.
Mi total apoyo a Marta, a quien conozco como excelente docente y persona.
ResponderEliminarSi sigue funcionando el "temor político" a los padres que sufren de "defensa incondicional" de sus "santos" hijos, continuaremos forjando una sociedad de irresponsables y corrupción.
Esto dá para mucho más.
Fuerza y suerte